Fig 1. ‘Evaluación de riesgos asociados al control ambiental de plagas urbanas’ de José Frutos García García, 1993./ C. Pradera 02-2014

C. Pradera, Barcelona, 03-02-2014

En octubre de 1993, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publicó el estudio ‘Evaluación de riesgos asociados al control ambiental de plagas urbanas’. El responsable de este estudio fue José Frutos García García, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense (1973-19878) y experto en Salud Pública. Se circunscribe a la Comunidad de Madrid, pero es una buena radiografía para lo que sucedía en el resto de España. Para su elaboración partió de encuestas realizadas a empresas de control de plagas que operaban de una manera abierta.

Considero su lectura muy interesante para hacerse una idea del estado del sector de control de plagas en España en aquel entonces. El sector de control de plagas es modesto económicamente si lo comparamos con otros sectores. En la actualidad estamos muy regulados por la Administración. Sin embargo, en 1993 lo empezábamos a estar. Veníamos de un pasado en el que la Administración optó por dejarnos hacer. Sin embargo, la aplicación de plaguicidas en el medio urbano empezó a ser controlada por los peligros que ello implicaba para la salud de las personas. Es difícil saber qué ocurría entonces. Pero este estudio aporta luz.

Del libro, destacaría tres capítulos (III, VIII y IX) y un listado con los productos plaguicidas declarados por las empresas que respondieron el cuestionario (Anexo II). En el capítulo III (Análisis de situación de la lucha antivectorial en la Comunidad de Madrid) se da cuenta de cómo se lleva a cabo el control de plagas por parte de la Administración. La lucha antivectorial se encuentra en manos de algunos ayuntamientos que tienen unidades específicas. Pero en general, se encuentra liberalizado en manos de empresas particulares. Se explica que la Comunidad de Madrid creó el Registro Sanitario de Empresas (RES) aplicadoras de  tratamientos DDD. En 1987 la Consejería de Salud  sistematizó los requisitos sanitarios de la inscripción en el RES y promovió que las empresas se registraran. Según la figura 7, se observa que en 1990 solo habían registradas 60 empresas. Se estimaba que esto representaba el 45% de las empresas que operaban.

Fig 2. Empresas registradas.

En el capítulo VIII (Análisis de resultados) se encuentran los datos que aportó la encuesta. Veamos algunos. El 33% de las empresas son familiares con un solo trabajador y el 40% tienen menos de 5 trabajadores. Por tanto el 73% eran microempresas. Solo el 15% eran grandes empresas cuya acción alcazaba toda España. Respecto al Director Técnico, solo el 45% de las empresas disponían de esta figura. Respecto al almacenamiento de los plaguicidas, un 88% no tenía legalizado el almacén. Y un 16% los almacenaba en la vivienda sin ningún tipo de señalización ni medidas de seguridad. Respecto a la aplicación de productos, un 23% operaban como se hacía antiguamente aplicando producto fitosanitarios prohibidos en para para uso ambiental.

El capítulo IX está dedicado a las conclusiones (figuras 3 a 6). Se remarca que es un sector formado por empresas pequeñas con baja formación. Según el autor falta de una adecuada adaptación a las «directrices modernas de salud pública, medio ambiente y salud laboral». Y esto ha sido propiciado por la dejación de la Administración en regular las prácticas de DDD. Respecto al uso de plaguicidas, se dan algunas irregularidades: «en un 20% de los casos se utilizan productos prohibidos en Europa y España, un 40% operan con productos que no están autorizados por su elevada toxicidad, y un 23% de las empresas emplean productos homologados para fines diferentes».

Al final del estudio, en el Anexo II, aparece un listado de los productos plaguicidas empleados (figuras 6 a 11). Con esta información no se hizo ninguna estadística para saber cuáles se usaban más. Sencillamente el autor los apuntó uno debajo de otro. Si se lee con detenimiento, se verá que algunos productos aparecen en varias ocasiones. Oros tienen mal el nombre, las materias activas o el número de registro. Esto demuestra el poco cuidado de algunos de los que respondieron a la encuesta. Me ha sorprendido el uso de algunos productos como Pasta Rodenticida Zelio (sulfuro de talio) o Simulrin (escilirósido) que pensaba que ya no estaban disponibles entonces. O el uso para desinfectar de formalina (formaldehído), lo cual es una pasada por los peligros que implicaba. Y por supuesto, me ha sorprendido la gran cantidad de productos fitosaniatarios utilizados. La historia del sector de control de plagas es bastante oscura en manos de algunos.

Un detalle importante es que sé que en aquella época algunas empresas todavía se seguían fabricando sus insecticidas al margen de todo registro. Por ejemplo, algunas empresas seguían con el antiguo sistema de aplicación insecticida mediante bombonas autoeyectoras. El contenido de esas bombonas se preparaba en la propia empresa con materias activas organocloradas. Se cargaba la materia activa y se añadía aire comprimido. También había empresas que fabricaban el cebo raticida. Como sabemos, nuestro sector está ligado al de la química. Y hubo un buen número de empresas que fueron fundadas por químicos. Hay empresas que pasaron de aplicar a poner fábrica para la elaboración de plaguicidas. Pero también hay fábricas que acabaron montando empresas de aplicación.

Referencia bibliográfica:

– García García, José Frutos. 1993. Evaluación de riesgos asociados al control ambiental de plagas urbanas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid. Colección Documentos Técnicos, No 72. 129 pp. ISBN 84-7425-389-6.

Fig 3. Página 97.

Fig 4. Página 98.

Fig 5. Página 99.

Fig 6. Página 124.

Fig 7. Página 125.

Fig 8. Página 126.

Fig 9. Página 127.

Fig 10. Página 128.

Fig 11. Página 129.