Primera legislación española sobre control de plagas (1926-1931)

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Fig 1. Imagen de un operario americano realizando una de desratización.

Hace una semana que estoy buscando legislación antigua sobre control de plagas en la web del Boletín Oficial del Estado (BOE). Tenía curiosidad por saber cómo se gestó el sector de control de plagas en nuestro país. Hay que decir que el BOE es una auténtica mina de información. Todas las disposiciones legales que he encontrado hasta el momento, las he puesto en una nueva sección titulada legislación que he colocado en el menú principal. A mi parecer, podríamos dividir esta legislación en tres etapas: de 1926 a 1931 (etapa del directorio del general Miguel Primo de Rivera), de 1959 a 1965 (etapa de la dictadura del general Francisco Franco Bahamonte), y de 1983 hasta la actualidad (etapa parlamentaria del rey Juan Carlos I). En este posteo voy a escribir sobre la legislación de la primera etapa. La primera ley es de enero de 1926. Hasta entonces, no he encontrado ninguna disposición legal sobre este tema. Anterior a esta fecha ya existían empresas como C.T.F. Casa Grima, la cual nació para la aplicación del ácido cianhídrico para sanidad vegetal. La disposición de 1926 creó una necesidad que considero que no existía antes.

El 5 de enero de 1926 se publicó en la Gaceta de Madrid la Real Orden de 2 de enero de 1926 por la que los funcionarios de sanidad correspondientes debían girar visitas trimestrales a los locales de pública concurrencia. Esta orden, escrita por el Director General de Sanidad del momento, estaba motivada por la fama de falta de higiene que tenían en el extranjero los hoteles y fondas de España. Esto afectaba al turismo y dejaba al país en mal lugar. Hay que tener en cuenta que esta disposición nace bajo el directorio militar del general Miguel Primo de Rivera. No hay que olvidar el talante reformista de esta personalidad. Así que dentro de este ímpetu, las autoridades del momento deciden subsanar tal estado de cosas. Para esto, nada mejor que ejercer un mayor control sobre estos establecimientos, por lo que se ordenó que los inspectores municipales de sanidad pasasen cada trimestre por hoteles, fondas, bares, restaurantes y locales afines para asegurarse de que tuvieran una mínimas condiciones higiénicas. También se ordenó que estos establecimientos realizaran desinfecciones y desinsectaciones cada trimestre como mínimo, además de las que los inspectores pudieran señalar. Esta disposición, desde mi punto de vista, viene a ser la carta de nacimiento del sector de control de plagas urbanas, ya que creaba una demanda de este tipo de servicios. Si todos los locales a los que afectaba la disposición, tenían que realizar desinfecciones y desinsectaciones cada trimestre, alguien las tendría que hacer. Hasta el momento, la desinfección sanitaria estaba en manos de los parques municipales de desinfección o de los parques de los Institutos Provinciales de Higiene. Su cometido, entre otras cosas, era el de desinfectar lugares en los que había habido alguna persona que padeciera alguna enfermedad contagiosa previa autorización de las autoridades sanitarias. España había pasado por brotes de cólera, tifus, paludismo y muchas otras enfermedades infecciosas. Se había organizado un sistema para atender tales casos. En cambio, la Real Orden de 1926 hablaba de una serie de desinfecciones de tipo preventivo, diferentes a las efectuadas hasta el momento por las autoridades. Esto creaba un volumen de trabajo que alguien tenía que satisfacer porque los parques públicos de desinfección estaban hasta el momento para otra cosa. Esta real orden ponía su énfasis en el inspector municipal de sanidad, ya que era la pieza básica sobre la que la ley se pondría en funcionamiento. En aquella época los consistorios tenían la competencia en este tipo de control sanitario. Al inspector se le aumentaba la carga de trabajo, lo cual significa que necesitaba espacio, herramientas y personal. Esta ley también le daba capacidad de sancionar. Esto significa que se le debía de dotar de autoridad para hacer cumplir lo que él dispusiera delante de los propietarios de locales, que seguramente no estarían muy contentos con su visita trimestral. Hay que decir que esta ley era mu sucinta y se dejaba muchas cuestiones como, por ejemplo, qué se entendía por condiciones higiénicas de un local. Un inspector de sanidad debía de tener algún tipo de manual al cual acogerse para esgrimir delante de un propietario de establecimiento. Hay que añadir que la real orden invitaba a las autoridades a complementarla con otras disposiciones. Cosa que con el tiempo hicieron muchos muchas provincias y municipios para exigir más higiene a los locales de pública concurrencia. La importancia de esta orden quedó patente con la Real Orden de 7 de noviembre de ese mismo año (Gaceta de Madrid de 9 de noviembre de 1926), por la que  se disponía que continuaran en vigor las disposiciones contenidas en la Real Orden del 2 de enero.

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Fig 2. Imagen del edificio del Parque de Desinfección en Terrassa, de estilo modernista construido en 1915.

Un año más tarde fue aprobado un reglamento mediante la Real Orden de 21 de diciembre de 1927 (Gaceta de Madrid de 22 de diciembre de 1927). Este reglamento aclaraba muchos asuntos que debieron aparecer con la puesta en práctica de la Real Orden del 2 de enero de 1926. Para empezar, obligaba a los ayuntamientos a proporcionar a los inspectores de sanidad las herramientas necesarias para el desempeño de su función. Les dotaba de local, de material y de personal auxiliar necesario (artículo 5). También se le daba más autoridad al inspector municipal de sanidad delante de los propietarios de los establecimientos afectados (artículo 4). De esta manera, se podía hacer recaer la ley sobre quienes no cumplieran con lo que el inspector les ordenara. El inspector de sanidad era el encargado de determinar en cada caso cómo realizar la desinfección (artículo 12). Además, se hacía responsable y debía librar por cada desinfección un certificado que tenía que estar en un lugar visible del local tratado (artículo 13). Otro asunto que buscaba solventar es el de las condiciones higiénicas mínimas que los locales debían reunir. En el artículo 10 se detallan todos los locales afectados y las condiciones mínimas. Hay que decir que este reglamento afecta a más locales públicos de los que afectaba la real orden anterior. Además de fondas y casas de comidas, se incluían peluquerías, barberías, escuelas, locales de espectáculos, locales de baños y vehículos de transporte público. En cada caso, el reglamento especifica cada cuánto hay que hacer las desinfecciones, desinsectaciones y, en algunos casos, desratizaciones. Es importante este último servicio, ya que en la Real Orden del 2 de enero de 1926 no se hablaba de la desratización. Así pues, tenemos reunidas por vez primera las tres des, DDD, con la que durante muchos años se ha definido el control de plagas en España. Un asunto importante que el reglamento dilucida es quién debía realizar las desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones. En el artículo 16 se puede leer que los propietarios de locales o vehículos tienen la libertad de contratar a quien bien consideren para realizar los servicios de DDD siempre que su práctica se ajuste a las indicaciones del inspector de sanidad. Excepción a esto será cuando por un local o vehículo pasara una persona con una enfermedad infecto-contagiosa, ya que de la desinfección se hará cargo la brigada municipal de desinfección. En este reglamento pues, quedan establecidas las competencias del parque municipal de desinfección y se abre la puerta a la creación de empresas de control de plagas y se especifican bien los servicios que pueden ofertar, es decir, la desinfección, desinsectación y desratización.

Un año y medio después de este primer reglamento fue dispuesto otro con la Real Orden de 22 de mayo de 1929 (Gaceta de Madrid de 28 de mayo de 1929), que llevaba por título el de Reglamento de aplicación para la inspección sanitaria de establecimientos, edificios y vehículos de servicio público. Con este nuevo ordenamiento se completaban las disposiciones anteriores y se corregían las deficiencias aparecidas con la puesta en práctica de las disposiciones anteriores. Se trata de una reglamentación extensa que no deja dudas sobre la organización de la inspección de sanidad y sus atribuciones. Aumenta además el número de locales en los que se debe realizar la inspección de sanidad. Respecto a quién debe ejercer los servicios de desinfección, desinsectación y desratización hay una diferencia notable respecto al anterior reglamento. En el artículo 27 se dice que podrán realizarlas los “Parques de Desinfección de los laboratorios municipales, o por la sección correspondiente de los Institutos provinciales de Higiene, siempre que unos y otros organicen debidamente el servicio, previo informe de la Inspección provincial de Sanidad.” Estas instituciones organizarán brigadas móviles cuyo personal y material será costeado por el ingreso que se obtenga por el servicio, cuya tarifa está recogida en el reglamento. Respecto a la iniciativa privada, más adelante el artículo 27 dice que “sin perjuicio de lo anteriormente establecido, podrá la Dirección general de Sanidad autorizar la práctica de las operaciones de desinfección, desinsectación y desratización por los laboratorios, entidades o Empresas de carácter particular que se dediquen a servicios sanitarios y que se hallen inscritas o se inscriban en dicho alto Centro.” Seguidamente se explica la documentación que deben presentar los interesados para obtener la autorización de las autoridades sanitarias. En la disposición adicional primera se dan dos meses a partir de la publicación del reglamento para que las empresas particulares presenten la documentación para obtener la autorización.

Hay que decir que el artículo 27 no daba muchos detalles sobre la documentación que los organismos públicos (Institutos Provinciales de Higiene y los laboratorios municipales de los Ayuntamientos) y empresas particulares debían presentar para obtener una autorización de la Dirección General de Sanidad. Es por ello que se dispuso la Real Orden de 11 de octubre de 1929 (Gaceta de Madrid de 13 de octubre de 1929), para aclarar las dificultades del referido artículo 27. Esta disposición pormenoriza la documentación que han de presentar tanto los organismos públicos como las empresas particulares. Además de esto ordena un poco la función y relación de las empresas particulares y organismos públicos, así como las condiciones para el mantenimiento de la autorización. En el artículo primero aparece una novedad. Se dice que los Institutos Provinciales de Higiene o los Ayuntamientos tienen preferencia en la organización de los parques de desinfección. En el caso de que estos parques públicos de desinfección obtengan de la Dirección General de Sanidad la autorización, no podrá otorgarse ninguna autorización a una empresa particular en la zona en la que actúe dicho parque, con la excepción de que aconsejen lo contrario causas de número de habitantes de un municipio o de extensión territorial de una provincia. Otro aspecto, es que esta nueva disposición también afecta a las empresas que ya disponían de una autorización, ya que deben complementar la documentación ya presentada con la que se pide en esta nueva Real Orden. La lista de institutos públicos autorizados para realizar los servicios de DDD fue dispuesta mediante la Real Orden del 2 de enero de 1930 (Gaceta de Madrid de 3 de enero de 1930). Un día después mediante la Real Orden del 3 de enero de 1930 (Gaceta de Madrid de 4 de enero de 1930) apareció la lista concediendo y denegando las autorizaciones a empresas particulares. Es muy interesante leer esta segunda real orden, ya que vienen los nombres de las empresas que en aquel momento se dedicaban al control de plagas.

Este recorrido por la primera legislación sobre control de plagas acaba con dos Reales Órdenes del mismo día, del 19 de abril de 1930, y publicadas en la Gaceta de Madrid de 24 de marzo de 1930. Se trata de dos disposiciones importantes que complementan las anteriores. La primera, la número 426, dispone que todo aparato, procedimiento o sustancia destinados a las prácticas de desinfección, desratización y desinsectación, serán estudiados y comprobados previamente para su empleo en el Parque Central de Sanidad. Asunto este importante ya que el Estado intentaba poner control a cómo y con qué se realizaban los servicios de DDD. Pensemos que en aquella época hubo muchos intoxicados y fallecimientos, por ejemplo, con el empleo del ácido cianhídrico. La segunda, la número 427, crearía la titulación de Auxiliar Sanitario. Según esta, todo el personal auxiliar que tuviera que efectuar las operaciones de desinfección, desinsectación y desratización, tanto dependiente de la Administración sanitaria central, provincial o municipal, como de empresas privadas autorizadas para tales operaciones, debían de hallarse en posesión del Diploma de Auxiliar Sanitario. De la organización del curso de capacitación para obtener el diploma debía encargarse el Parque Central de Sanidad. En esta disposición aparece el programa del curso. Una lectura del temario nos da una idea de cómo se realizaban en aquella época los servicios de DDD.

Toda esta legislación estuvo vigente durante la II República. Tras la Guerra Civil, el gobierno de Francisco Franco fue modificando algunas leyes anteriores de control de plagas hasta que en 1959 se empezó a regular de nuevo el sector, ya que en aquellos años, los productos insecticidas ya eran muy diferentes a los de antes de la guerra.

Fig 3. Vehículo del Centro Técnico de Desinsectación Casa Grima equipado con una máquina cianogeneratriz para realizar cianhidrizaciones en hoteles, fondas, teatros, etc.

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